17-01-2012
Es curioso. Cuando uno observa algún medio de comunicación, el que sea, de inmediato se le puede detectar la “línea” editorial, su perfil. Es cuestión de leer a sus editorialistas o cachar el enfoque que se le da a las noticias, a lo que ocurre en el país. Digamos que eso es lo “normal”.
Sin embargo, lo que me causa curiosidad es que cuando detectas que más de un medio, de distinto dueño y en aparente discrepancia política, coinciden en un punto de vista referente a un tema de interés nacional, es porque seguramente hay gato encerrado.
Precisamente es lo que ha pasado desde hace 5 años, con mayor fuerza ahora, con referencia a las reformas que facultan al IFE para la designación de tiempos en radio y televisión, prohiben la compra de tiempo aire para promoción política y obligan a los medios de comunicación a informar sobre la procedencia de contrataciones que se vinculen a un proceso político.
Quienes forman parte de lo que se conoce como el duopolio televisivo (entiéndase TV Azteca y Televisa) han abierto una guerra descuartelada en contra de la ley y sus promoventes, ya que arguyen que sólo un país de “segunda” limita la libre utilización de los medios de comunicación para dar a conocer los puntos de vista de los personajes a ser votados.
Aunque es verdad que tienen deficiencias los reglamentos y demás normativa que ha emitido el propio IFE con relación a los tiempos para debate y el acceso a los medios, lo cierto es que en donde más afectaron dichas reformas a los corporativos televisivos y radiofónicos, fue en el bolsillo.
Al no permitirse la compra de espacios en radio y televisión, el duopolio ha dejado de recibir millones de pesos que anteriormente les pagaban los partidos políticos en las campañas electorales.
Pero lo que me causa curiosidad es lo que argumentan las televisoras: que somos el único país americano con este tipo de reglamentación tan restringida en cuanto al acceso a los medios de comunicación, que no es posible coartar así la libertad de expresión si nos queremos considerar un país de avanzada, y que resultará imposible la revisión de los spots antes de salir al aire, como se pretende.
Hay que entender una cosa. En México, somos “apagafuegos”, tapamos el pozo después del niño ahogado, y me parece que eso es lo que pasó con la ley electoral y de lo que ahora se escandalizan.
¿Alguien se acuerda de cómo fueron las campañas electorales en el 2006, cuando hicieron su aparición los grandes consultores políticos promoviendo campañas de desprestigio?
Después de las elecciones de 2006 (y que fuera el TRIFE la autoridad que terminó por dar el triunfo a Calderón con menos del 1% de diferencia en la votación recabada), legisladores de todos los partidos políticos decidieron hacer reformas y evitar campañas negras como las que llegamos a ver, y de las cuales, al pedir la información del contratante, las televisoras la negaron, pues la autoridad no estaba facultada para solicitarla y, por lo tanto, no tenían por qué darla.
El objetivo de dichas reformas fue hacer más equitativas las campañas electorales, es decir, no supeditar la aparición en radio y televisión al dinero, y evitar las campañas negras obligando a las televisoras a dar la información del contratante, principalmente.
La legislación electoral vigente responde al exceso en que cayeron los propios medios de comunicación durante el 2006 y, ante ello, todos los actores políticos estuvieron de acuerdo en ponerles un alto. Todos votaron las reformas y las refrendaron volviéndolas ley, modificando incluso la Constitución.
Ahora, curiosamente, la presión política a través de los columnistas, se recrudece. Hacen referencia a valores democráticos que no se deben restringir, a ineficiencias por parte de los consejeros del IFE, a confusiones en interpretaciones de la ley para abrir espacios de debate entre precandidatos, etcétera.
Ya no se acuerdan que fueron los causantes de que los legisladores tomaran la determinación de restringir el acceso a ellos. Ya no se acuerdan, que en el 2006, fijaron tarifas distintas entre un candidato y otro, según su favoritismo (el duopolio coincidió en sus preferencias políticas, también curiosamente), haciendo inequitativa la contienda.
Pareciera que a las empresas de radio y televisión se les borró la memoria y no se acuerdan que ellos negaron la información cuando los órganos encargados de la fiscalización les pidieron cuentas por aquellos spots que nadie supo nunca quién financió.
Y seguirán quejándose, porque hicieron una apuesta política a la que ahora ven en riesgo dado que no ha podido salir en más spots (EPN), ni pueden exponer en ruedas de prensa. Pero seguirán enojados, principalmente, porque han dejado de ganar millones de pesos.
Pero es curioso, ya se olvidaron o nada más quieren que nos olvidemos.
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