“Juicios de la vergüenza”

17-02-2012

La semana pasada sentenciaron al Juez Baltazar Garzón por autorizar la intervención telefónica entre dos involucrados en el caso Gürtel, relacionado con la trama corrupta especializada en el saqueo de fondos públicos en España.

Baltazar Garzón, honorable juez que ha llevado a la silla de la justicia a genocidas del tamaño de Pinochet en Chile, y que se ha atrevido a realizar investigaciones en torno a los crímenes cometidos durante la dictadura franquista en España, hoy es inhabilitado de su cargo ante lo que se conoce ya como el “juicio de la vergüenza”, aunque para la Audiencia Nacional española, en lo estrictamente jurídico, la sentencia fue resultado de un procedimiento “impecable”.

Otra vez, bajo el amparo de lo “estrictamente jurídico” se juzga, con todo el peso de la ley, la autorización que Garzón diera para una indagatoria telefónica que pondría al descubierto toda una red de corrupción que operaba para desfalcar las arcas públicas. En esa red, al igual que los casos de desapariciones forzadas durante la dictadura, están involucrados funcionarios públicos y líderes políticos de peso en el país ibérico.

Esa aplicación estricta de la ley que los juristas dogmáticos defienden, se utiliza únicamente para poner el ejemplo. Sí, es verdad, la intervención telefónica no está aprobada para casos de corrupción en España, pero, ¿de verdad se vulnera el estado de derecho cuando se investiga a quienes defraudan al estado? ¿es correcto el mensaje que se envía con esta resolución?

En muchos casos donde al sistema que prevalece le llamamos democracia y existen espacios legislativos que permiten la “representación ciudadana”, se han deformado en aparatos de control político y económico donde quienes tienen el control de esos espacios, deciden cómo y a quién aplicar la ley.

Baltazar Garzón se había convertido ya en un personaje incómodo para la mitad de ese poder político que representa al actual partido en el gobierno y que es el derechista Partido Popular, al igual que en su momento se volvió incómoda la presencia de López Obrador y por eso se le inició un proceso de desafuero y posterior ofensiva por parte del duopolio televisivo.

En la administración pública del país ocurren las peores atrocidades que se pudiera hacer con los recursos públicos, se dilapida el dinero, se tira y se hacen negocios sucios de las concesiones gubernamentales (Ej: guarderías ABC, el fraude de Humberto Moreira para obtener créditos multimillonarios, Procampo para los encumbrados priístas del Estado de México, el emblemático caso Ahumada, la red de corrupción que ocurre en la administración de Pemex; los jueces, abogados y funcionarios de Sinaloa involucrados en juicios fraudulentos contra la CFE, entre otras tantas decenas de casos a lo largo y ancho del país).

Todos esos funcionarios corruptos de los que la población mexicana es víctima, son los que deberían ser llevados a una corte, obligarlos a separarse del cargo, inhabilitarlos; en lugar de eso, en España, castigaron al juez, al único que desde su posición se ha atrevido a desafiar al poder político.

En México, en cambio, se ha tornado como algo natural, la corrupción es aceptada, tolerada, se convive con ella, se le reconoce y acepta. Y precisamente ese es el problema.

Este 15 de febrero, la Auditoría Superior de la Federación (“Organismo coadyuvante de la Cámara de Diputados para la revisión de la Cuenta Pública”) dio a conocer el estudio referido a la fiscalización de la cuenta pública 2010, y en dicho informe (http://www.asf.gob.mx/uploads/74_Mensajes_del_Titular/Mensaje_del_ASF_-_Entrega_del_IRCP_2010_-15feb12.pdf ), suscrito por el auditor CPC. Juan M. Portal, se destaca lo siguiente, con relación a la mega obra de la “Estela de Luz”:

“De manera específica, se puede señalar: se presentaron retrasos desde la creación del fideicomiso, la convocatoria del concurso para el anteproyecto de construcción, la contratación del proyecto ganador, la formalización del contrato y la ejecución de los trabajos previos.

Asimismo, se presentaron incumplimientos y errores, por parte de todos los participantes responsables, en materia de estimaciones de costos, falta de verificación de estudios previos, falta de valoración sobre conceptos de obra -no previstos y adicionales-; cambios importantes, tanto al proyecto original como a los procesos de obra, así como carencia de revisión y claridad en variables de precios unitarios y volúmenes. Adicionalmente, se observó ambigüedad en los términos y condiciones del proyecto y contratos en general; la entrega de planos y documentos; el alcance del servicio vinculado con la coordinación, la evaluación de propuestas y adjudicación, así como la ejecución de la obra y la supervisión.”

Y claro está que la pregunta es: ¿Quién va a pagar por ese cúmulo de errores de una mega obra de la que nos sentimos apenados todos los que hemos atestiguado su deplorable construcción?.

Y el problema muchas veces, cuando se encuentran estos errores, es porque generalmente existe un superior jerárquico, un jefe máximo, que ordena lo que quiere que se haga, y la orden no admite réplica. Así son, y lo que mejor se les da, a esos jefes supremos, es dar indicaciones (Ej.: “-tú, subordinado, haz lo que se te pide, no importa que tengas que violar reglamentos, lineamientos, leyes, y demás normatividad vigente, tu tarea, es obedecer”) y en ese tenor es cuando se encuentran casos como el antes señalado.

Pero es lo que pasa con los juristas mexicanos y españoles, jamás será juzgado un funcionario de alto nivel por las condiciones en que se desarrolló un proyecto o se concesionó alguna obra o se dilapidaron recursos, siempre apuntarán a un funcionario menor que tuvo que ensuciarse las manos para conservar su empleo.

Así están nuestras instituciones, así se aplica la ley. Yo sigo esperando que alguien renuncie o se abran investigaciones a partir de esos bochornosos escándalos. Me gusta soñar.