Desviar la atención

22-02-2012

A veces es inevitable detectar la malicia y el evidente intentó de manipulación de parte de los columnistas de ciertos medios de comunicación, en especial de quienes escriben en Milenio. Y me refiero en particular a las columnas de sus tres principales redactores: Ciro Gómez Leyva, Joaquín López- Dóriga y Carlos Marín.

Los leo como leo a los demás columnistas de los principales diarios mexicanos, mi receta diaria para empezar el día, digamos.

El fin de semana se registró otra fuga de reos más de la cárcel de Apodaca, en Nuevo León, en los que se encontraban delincuentes vinculados al narcotráfico. De la columna de López- Dóriga se pueden retomar datos interesantes con relación a los motines registrados desde el 2009 a la fecha y de ahí desvía la intención de su texto a la actitud de los legisladores, los descalifica.

El “Teacher” dio las cifras, planteó el asunto, se manifestó inconforme a las actitudes de los legisladores y ahí se quedó, sin tocar el fondo del asunto ni señalar a los verdaderos responsables.

Por su parte, Ciro Gómez Leyva, con un poco menos de creatividad y más servilismo que otra cosa, reprobó la actuación de la policía que arribó para intentar contener las protestas que se registraron afuera del penal y luego con su particular estilo hizo un intento de defensa de la “policía de Calderón” y la necesidad del ejército en las calles, sin tocar, claro está, el asunto de fondo, lo importante.

Carlos Marín señala sin señalar, dice sin decir realmente quiénes son los responsables a los que llama “pendejos” y cumple con la labor informativa únicamente resaltando un informe de la CNDH presentado el 2010.

Hasta ahí los columnista de Milenio que se hacen de la vista gorda haciendo como que no ven y haciendo como que señalan y se indignan.

El verdadero problema es que no hay ni ha existido nunca por parte del gobierno federal (tanto del PAN como del PRI) la intención de cambiar la situación de las cárceles del país, porque es la manera que los gobernantes de esos estados (Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo León, Quintana Roo, Veracruz, Sinaloa, Jalisco, entre otros, la mayoría estados príistas o panistas) tienen de mantener las negociaciones con el crimen organizado, por muy perverso que esto se escuche.

Y acá va mi hipótesis. En los casi nueve años que el “Chapo” estuvo en prisión, se fortalecieron diversos cárteles como resultado de fracturas al interior de las organizaciones criminales más fuertes, incluida la de Guzmán Loera. A él lo encarcelan después del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en 1993, y se fuga del penal de “Puente Grande” (después de la fuga le empezaron a llamar “el penal de puerta grande”), en Jalisco, a 20 días de que Vicente Fox asumiera la Presidencia del país. Desde entonces, se volvieron comunes los reportes en los medios de comunicación acerca de enfrentamientos entre los militares y los grupos delincuenciales vinculados al narcotráfico.

Generalmente los periódicos daban cuenta de emboscadas a policías, granadazos a cuarteles militares y masacres entre los propios narcos. Digamos que se empezaron a radicalizar y fue en este periodo cuando comenzamos a ver las narcomantas y los descabezados por todos lados

Desde entonces hasta hoy, se dice, cuentan testimonios, que en territorios dominados por los Zetas y los del cártel del Golfo, de repente anuncia su arribo el “Chapo” prometiendo “limpiar la plaza” y generando verdaderas batallas por el control del lugar. Después, se aparecía el Ejército y todas las fuerzas policíacas bajo el mando de la Secretaría de Seguridad Pública, que comanda Genaro García Luna. Para entonces, ya se habían registrado masacres de las que todos los ciudadanos fueron testigos; son cosas que no se pueden ocultar, no como quisieran.

Ahora, el control de las cárceles se vuelve una pieza fundamental en medio de las negociaciones por las plazas. Es necesario aclarar que las cárceles de máxima seguridad están en manos del gobierno federal, quien se encarga de nombrar a sus directores y administradores.

Así, en el “toma y daca” entre los cárteles y la presunta lucha contra ellos emprendida por el Gobierno Federal, ha dejado al descubierto lo que ya no podía seguir oculto, que las cárceles son nidos de corrupción y profesionalización del delito.

Con sorna se podría decir que los cárteles mandan a los reclusorios a sus pupilos a especializarse, en cualquier delito, pero de carácter especializado.

Más de una década llevan los delincuentes escapándose de las cárceles tanto estatales como federales como para que hasta ahora, a menos de un año de terminar su gestión, Calderón anuncie la reubicación de presos (http://www.proceso.com.mx/?p=298982), en un gesto de verdadero cinismo.

No es que antes no supieran la situación en la que operan las cárceles, siempre lo han sabido y las han utilizado. Hay prisioneros que tiro por viaje sirven como moneda de cambio para fines múltiples, donde prevalecen los funcionarios y policías que, ya sea bajo amenazas o por la concesión de dádivas, acceden a los intereses de los delincuentes (que bien podrían ser sus mismos jefes).

Ahí está el problema, no en si los legisladores hacen algo o no lo hacen, no está en sus manos, está en manos de Calderón y los gobernadores, está en la voluntad de combatir verdaderamente o mantener la simulación.

Escandalizarse y poner cara de “qué vergüenza” cuando salen a la luz pública este tipo de casos es pura hipocresía, lo más común de encontrar entre los columnistas antes mencionados.

Para mayor información, consultar la “Edición especial 36 – El Chapo Crimen y Poder” que publica la Revista Proceso, medio que se ha encargado de documentar los acontecimientos relacionados a esta guerra contra el crimen organizado.